La nueva Ley de Contratos del Sector Público

Nueva Ley de Contratos del Sector Público

El pasado viernes 09 de marzo entró en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, cuatro meses después de su publicación en el BOE, que se incluye en el marco legislativo marcado por la “Estrategia Europa 2020” en la que la contratación Pública desempeña un papel clave.

Aparece por la exigencia de adaptación del derecho nacional a la normativa internacional y de incorporar una nueva disposición comunitaria: la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.

Los objetivos de esta adaptación son dotar a los concursos públicos de una mayor transparencia y obtener una mejor relación calidad-precio, por lo que se incluyen criterios medioambientales, sociales, cualitativos e innovadores en los pliegos públicos.

Se busca aumentar la participación de las PYMES en la contratación pública, incrementar la eficiencia del gasto público y permitir la contratación en apoyo a objetivos sociales comunes. Además, se simplifica la burocracia para los licitadores, de tal forma que se ayude al acceso de esas PYMES ya mencionadas, y se introducen normas más estrictas para beneficio tanto de las empresas como de los trabajadores. Se quiere lograr así un sistema de Contratación pública más íntegro y eficiente y con un mejor cumplimiento de los objetivos públicos.

Otro de los puntos que varían se refiere a la duración de los contratos de suministros y gestión de servicios de prestación sucesiva, que tendrán un plazo máximo de 5 años incluidas las prórrogas; los contratos menores no podrán asimismo tener una duración mayor a 1 año ni prórrogas al mismo.

En los contratos de obra y/o suministros inferiores a 500.000 € las empresas con una antigüedad menor a 5 años no necesitarán acreditar la ejecución de un número determinado de obras anteriores. Se rebajan las cuantías de los contratos y se exige un informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, la aprobación del gasto y la incorporación de la factura.

Estos son algunos de los puntos que varían en esta nueva ley que apuesta por el uso de los medios electrónicos para la presentación de licitaciones, una reducción de los plazos de adjudicación y un aumento de la competencia con una mayor participación de las PYMES, en busca de una mayor eficiencia y transparencia en los Contratos Públicos.

Dpto. Marketing de GEE

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